23F: ¿Qué hubiera pasado con la comunidad LGBTI española si el golpe de Estado hubiera triunfado?

Tal día como hoy de hace 36 años, un 23 de febrero de 1981, las tensiones políticas, la aprobación de leyes que levantaban ampollas y un futuro político incierto en una incipiente democracia azuzaban los movimientos radicales que se hicieron realidad con la irrupción del teniente coronel Tejero -al grito de “¡Quieto todo el mundo!”– en el Congreso de los Diputados. La tentativa de los militares fracasó pero estuvo muy cerca del éxito; mucho más de lo que la sociedad española llegó a saber. Al menos, así lo detallaban los informes internos de la CIA. El embajador de EE.UU. en España, Terence Todman, visitó la Zarzuela mientras se fraguaba el golpe. Los servicios británicos veían a Juan Carlos I incapaz de liderar la transición; tras el 23-F temieron por la vida del monarca, amenazado por ETA y la extrema derecha.

Por eso hoy es un día que invita a la reflexión de qué hubiera pasado con nuestra comunidad LGBTI si el golpe de Estado hubiera triunfado. Un reportaje emitido por Documentos RNE en noviembre del año pasado reveló que entre 4.000 y 5.000 homosexuales fueron encarcelados durante el franquismo, en muchos casos, fueron maltratados, vejados o violados por otros reclusos, e incluso obligados a prostituirse por funcionarios.  y se crearon centros para, supuestamente, “corregir su desviación”. En centros como el de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, sufrían destierro, obligados a realizar trabajos forzosos en condiciones inhumanas. La homosexualidad era vista como un “atentado contra la recta moral y las esencias sagradas del pueblo español”. Por eso, la homosexualidad fue perseguida y reprimida con dureza por la dictadura franquista.

Los modelos del hombre y la mujer se basan en la ortodoxia de la moral. El hombre debía ser viril, fuerte y líder, mientras que la mujer, relegada al hogar, tenía que mostrarse buena esposa, sumisa y madre al cuidado de la prole. La dictadura se entrometió hasta en la vida privada de las personas indagando en las conductas desviadas y creando un clima social opresivo que condenó a las  personas homosexuales al miedo y la clandestinidad. Una doble moral que condujo a muchos a la prostitución. Y a gays y lesbianas se les aplicaba la “Ley de Vagos y Maleantes” del 36.

Si persistía la “conducta amoral” los homosexuales eran internados en manicomios donde se les sometía a electroshock o lobotomías provocándoles irreversibles daños físicos y psicológicos.

El aperturismo exterior de los años 60 llevó implícita una tímida visibilidad de los homosexuales en sectores como la moda o el espectáculo y los gays se convirtieron en un colectivo más del frente antifranquista.

En 1970 el régimen se «humanizó» y la Ley de Peligrosidad Social solo castigaba los «actos de homosexualidad», pero no a los homosexuales por el hecho de serlo. Aunque su redactado era tan ambiguo que seguía permitiendo a los jueces hacer lo que les viniera en gana. Con todo, finalmente se impuso la teoría de que la homosexualidad no era un delito, sino una enfermedad que era preciso curar. Lo que seguía siendo una terrorífica amenaza para la población.

A la muerte del dictador, en 1977, se celebró en Barcelona la primera Marcha del Orgullo Gay y la homosexualidad dejó de ser penada como delito en 1979. Aún hubo de pasar 30 años para que el Estado reconociera por primera vez, en 2009, el daño provocado a un homosexual, represaliado en 1976, pagándole una testimonial indemnización de 4.000 euros pero nunca se podrá cuantificar cuántos se marcharon del país, cuántos se suicidaron, ni cuántos sufrieron una vida de autonegación y privaciones absolutamente intolerable e inhumana. El Gobierno confirmaba este año que tan sólo 116 personas gays que fueron represaliadas durante el Franquismo han sido indemnizadas desde 2009 en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado, que se interesó por la cuestión. El Ejecutivo les ha repartido un total de 624.000 euros, lo que supone una media de algo más de 5.300 euros por persona, según informa la agencia Efe.

El presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, Antoni Ruiz, pone el dedo en la llaga: Cuando se reunieron con el Gobierno de Zapatero, la idea inicial era “crear un fideicomiso” con los cuatro millones aprobados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Sin embargo, de esa cantidad sólo se han entregado poco más de 600.000 euros. “¿Dónde están los otros tres millones y pico?. Es lo que reclamamos para las víctimas de la represión”, subraya.

Durante todo el régimen franquista el número de expedientes sobre casos de lesbianas fue infinitamente menor que el de hombres. No tuvieron que frecuentar urinarios o exponerse a las redadas policiales. En las ciudades existían redes de mujeres que no levantaban sospechas cuando se reunían a celebrar una fiesta en un piso pero, no por ello, dejaron de estar perseguidas.

El caso es que lo más probable si hubiera un régimen militarizado en nuestro país a día de hoy hubiera sido imposible la promulgación de leyes como la del matrimonio homosexual, ni los derechos a la adopción para parejas del mismo sexo. Tampoco existirían las Leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de las diversas comunidades autónomas, ni los transexuales tendrían sus derechos reconocidos. En España queda aún mucho trabajo por hacer en el terreno de la igualdad pero con un modelo de libertades se pueden hacer avances aunque sean pequeños pasitos, para muchos son victorias enromes.