Desde Rusia sin amor: Impunidad legal para los maltratadores mientras crece la violencia hacia personas LGBTI

La foto del salvaje Putin montando a caballo a pecho descubierto dio la vuelta al mundo hace años. Quería dar la imagen de “macho alfa”. Este viernes el partido que lidera Putin volvía a hacer demostración de su hegemonía y del absoluto desprecio a los Derechos Humanos aprobando en la Duma o Parlamento ruso en tercera y última lectura el proyecto de ley que despenaliza la violencia doméstica siempre que la agresión no cause daños a la salud de la víctima y no sea reincidente. Es decir que causar moratones a las víctimas dejará de ser delito mientras la vida de la persona agredida no corra peligro. Sólo en el caso de que el agresor sea reincidente y vuelva a golpear a l misma persona podrá ser procesado por la vía penal y castigado con la cárcel. Claro está que la persona agredida tendrá que demostrar los hechos, porque la justicia elimina el turno de oficio para estos casos.

Entre 12.000 y 14.000 mujeres mueren cada año a manos de sus parejas, según datos difundidos en el año 2008 por el propio Ministerio de Interior ruso. Organizaciones humanitarias hablan de que una mujer muere cada 40 minutos en Rusia víctima de la violencia de género para personas LGBTI no hay cifras oficiales ni extraoficiales.

Con las cifras en la mano, el problema es que el 90% de las víctimas deciden renunciar a denunciar ante los juzgados porque suelen compartir vivienda con su agresor y porque se convierte en doble víctima ya que tiene que encargarse de buscar las pruebas y demostrarlo denuncian los activistas.  “Si el agresor mató a la personas en su entorno se produce un pacto de silencio por miedo a represalias”, dice  la abogada especializada en violencia de género, Marí Davtián.

Lo dramático del caso es que son cuatro mujeres las que han liderado esta draconiana iniciativa, dos diputadas y dos senadoras de Rusia Unida, el partido del presidente ruso, Vladímir Putin, el mismo partido que en junio de 2013 promulgó la ley contra la propaganda homosexual, que condena la difusión de cualquier tipo de promoción de la homosexualidad dirigida a menores de edad con multas y penas de cárcel.

Y es que en estos casos, el presidente Vladimir Putin lo tiene clarísimo y a preguntas de un activista en su rueda de prensa de balance anual le preguntó sobre el tema de la violencia doméstica le contestó “La descarada injerencia en la familia por la justicia es intolerable. Hay que acabar con una ley que permite encarcelar a un padre por unos cachetes en el culo que el niño se ha merecido”.

La misma vanalización que Putin ha hecho con la denostada Ley de propaganda homosexual. El estatuto está escrito de forma tan laxa que en la práctica es equivalente a la prohibición completa del movimiento LGBTI y cualquier expresión pública de la homosexualidad como la celebración del Orgullo Gay, defender los derechos LGBT o afirmar que las relaciones homosexuales son iguales que las heterosexuales. Además, cualquier información sobre la homosexualidad que haya sido colocada en Internet por ciudadanos rusos puede ser multada con multas que oscilan entre 50 a 100 000 rublos.

Desde la aprobación de la ley ha ido en aumento de la violencia homófoba en el país con grupos como «Occupy Paedophilia», que buscan a jóvenes homosexuales por Internet, para atraerlos y luego maltratarlos. Occupy Paedophilia ha sido denunciado en 100 ocasiones por activistas LGBT, sin que haya habido reacción alguna por parte de las autoridades. De hecho, los activistas homosexuales rusos han comenzado a exiliarse, como ha sido el caso de Alexei Kiselev, refugiado en España,el pintor Konstantin Altunin, huido a Francia o la periodista Masha Gessen, que eligió a Estados Unidos.

La ley es tan estricta y afecta también a extranjeros que están en el país. De hecho, en julio de 2013 cuatro turistas holandeses fueron arrestados por discutir supuestamente sobre derechos LGBT con jóvenes rusos. En septiembre de ese año dos profesores fueron despedidos por ser homosexuales. La normativa se ceba con la total represión de los medios de comunicación como los 50.000 rublos de multa que se le puso al periódico Molodoi Dalnevostochnik de Jabárovsk acusado de «propaganda homosexual», el despido fulminante del periodista Antón Krasovski, un presentador de la televisión pública rusa KontrTV, tras haber anunciado en directo que era homosexual o la desaparición de páginas web de ayuda a jóvenes sin techo LGTBI rusos.

La locura rusa llegó hasta tal punto que en 2015, la fiscalía de la región de Primorsky investigó si la difusión mediática de la amistad entre un tigre, llamado Amur, y una cabra macho, llamada Timur, en un zoológico de la región pudo ser considerado como un delito de “propaganda de una relación no tradicional” a menores.

El resultado es que cada día son más los colectivos sociales que encuentran una desprotección absoluta de sus derechos en Rusia, todo esto con la connivencia de los países “civilizados”, entre los que se encuentra España, incapaces de imponer vetos a Rusia para que acabe con su ola de terror institucionalizada hacia los más débiles de la sociedad.