La Plataforma Trans busca apoyos parlamentarios ante el inminente registro de una Ley Trans Estatal

En España, hay más de 46.000 personas transexuales. De ellas, aproximadamente 4.600 menores, que ven vulnerados el derecho a la identidad legal, a una atención sanitaria igualitaria, a una educación donde se respete la identidad manifestada y el acceso al mercado laboral en términos de igualdad. Por eso, la federación de asociaciones integrada bajo la “Plataforma Trans” ha enviado una carta en la que se adjunta una propuesta de “Ley sobre el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la no discriminación de las personas trans” a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, incluyendo al Grupo Vasco, ERC, PSOE, Cs, Popular, Podemos y Mixto, en la se les reclama apoyo a la propuesta y el registro inminente del proyecto de ley.

Desde la Plataforma celebran el registro del proyecto de Ley LGTBI el pasado 4 de mayo, necesaria para la protección contra los delitos de odio por orientación o identidad sexual pero que, desde su experiencia, no cubre la realidad trans específica en España.

Por eso reclaman una ley integral que de respuestas concretas a todas las situaciones de discriminación a la que se enfrentan día a día las personas trans e intersexuales. “Derechos que no son un subconjunto de derechos, son los mismos que los de toda la ciudadanía, por ello es necesaria una ley específica que sea garante de derechos y venga a poner fin a tantos años de discriminación estructural”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

La situación de vulnerabilidad y discriminación de las personas trans, también ha sido objeto de las agendas políticas, así el pasado 24 de octubre de 2016, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presentó una PNL para la modificación de la Ley 3/2007, para eliminar de la misma los requisitos contrarios a la dignidad humana y para incluir a los menores. Con la misma intención el 20 de febrero de 2017, el Grupo Parlamentario del PSOE, registró una Proposición de Ley con la misma finalidad y el 14 de marzo, el Grupo Parlamentario En Comú Podem, presentó una moción instando al Gobierno a la aprobación de dos leyes; una integral y específica para las personas trans y otra para las personas LGTBI que fue aprobada por mayoría.

Andalucía, en 2014, Madrid, en 2015 y Valencia en 2017, han sido las comunidades que han aprobado leyes que por un lado tienen en cuenta las recomendaciones europeas fundamentadas en el principio de despatologización y del reconocimiento de la libre determinación de la identidad y expresión de género, dibujando un escenario geográfico de desigualdad territorial que confronta con el principio constitucional de igualdad y no discriminación.

La Plataforma Trans reitera sus principales demandas  que deberían contemplarse en una ley especifica. Piden que se incorporen aquellos derechos que reconocen la libre determinación de la identidad y expresión de género de todas las personas, la autodefinición y gestión del propio cuerpo, la regulación jurídica de la identidad y expresión de género desde un enfoque interseccional y no desde la medicalización, así como el establecimiento de un marco jurídico que subvierta la relación de los poderes públicos con las personas trans e intersexuales, haciendo posible la implementación de políticas públicas contra la discriminación, pero también sobre otros ámbitos identificados por los sujetos implicados. 

La necesidad de leyes especificas y protocolos adecuados conforman la agenda y una de las principales necesidades de las personas trans en España. En comunidades como Cantabria, Aragón, Galicia o Catalunya, es una de las principales demandas a través de las cuales se exige la despatologización de las identidades trans y la libre determinación de la identidad y expresión de género.

“Garantizar el derecho a la identidad manifestada sin condicionantes y el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía, es un deber del estado y una responsabilidad política, ahora, es el momento para que se concreten en hechos las iniciativas, propuestas y declaraciones de buenas intenciones de todos los grupos parlamentarios”, concluye Cambrollé.