Las personas LGBT y de género diverso continúan siendo detenidas y enjuiciadas en todo el mundo, según muestra un nuevo informe

Las detenciones y enjuiciamientos por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo o por expresiones de género diversas han continuado sin cesar en todo el mundo en 2021 y en años anteriores, reveló un nuevo informe de ILGA Mundo.

ILGA Mundo relevó cientos de casos en las últimas dos décadas en los que agentes estatales sometieron a personas LGBT y de género diverso a multas, detenciones arbitrarias, enjuiciamientos, castigos corporales, encarcelamientos y hasta (posiblemente) la pena de muerte. Las cifras reales, sin embargo, pueden ser muchísimo más altas: muchos casos nunca son registrados, y a menudo los registros formales son inaccesibles o inexistentes.

“Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas continúan criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo”, recordó Kellyn Botha, consultora de investigación para ILGA Mundo y autora del informe Nuestras identidades bajo arresto. “Los gobiernos a menudo subestiman estas leyes criminalizantes como “regulaciones inactivas”, pero las leyes nunca duermen realmente. Este informe proporciona sobrada evidencia de cómo las disposiciones criminalizantes han sido efectivamente usadas contra nuestras comunidades en todo el mundo, en ocasiones siendo reactivadas después de años como una mera amenaza escrita en los códigos legales. La naturaleza impredecible de su aplicación hace que las personas LGBT y de género diverso vivan perpetuamente bajo amenaza, excluyéndose las de una participación igualitaria en la sociedad”.

En numerosos casos, las expresiones de género no normativas o diversas parecen ser un elemento central que desencadena las detenciones, incluso cuando la legislación no criminaliza estas expresiones de género diversas de manera explícita.

“En sociedades donde el comportamiento no normativo es leído como evidencia de no-heterosexualidad, la forma en que una persona luce, viste y habla puede tenerse como indicio de una probable ‘actividad criminal’, lo cual puede considerarse suficiente para justificar una detención”, señaló Lucas Ramón Mendos, coordinador de investigación de ILGA Mundo. “En muchas jurisdicciones, es mucho más probable que las detenciones se basen en la apariencia o los gestos de una persona que por una actividad ilícita comprobable”.

Las redadas, las detenciones callejeras, las emboscadas por Internet por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de terceras personas en entornos hostiles se encuentran entre las formas más comunes que adquieren estas detenciones. A causa de las leyes que nos criminalizan, las personas de orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género diversas han sido detenidas incluso cuando intentaban denunciar un delito del que habían sido víctimas. En muchos casos, hay poca o ninguna prueba de actividades ‘ilícitas’ que respalde estas detenciones: los reportes muestran cómo las confesiones—muchas veces extraídas mediante tortura y palizas—o los exámenes anales forzados se siguen utilizando para generar “prueba” de actividad sexual consensual con personas del mismo sexo.

“Las leyes que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo o las expresiones de género diversas, así como otras disposiciones menos explícitas, representan una amenaza constante”, señala Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA Mundo. “Esto es cierto no sólo para nuestras comunidades en el territorio, sino también para quienes se ven en la necesidad de solicitar asilo después de haber logrado huir de entornos hostiles. El argumento de que estas leyes ‘rara vez se aplican’ no es suficiente para afirmar que un país es seguro para quienes se encuentran allí y en peligro de persecución”.

Mirando más allá de los textos legales, las historias humanas de cómo las personas se ven afectadas por estas normas criminalizantes emergen como un fuerte llamado para que quienes detentan poder detengan la violencia contra las comunidades marginadas. Esto es especialmente cierto cuando consideramos los innumerables casos de aplicación de estas leyes penal que no se denunciaron o se pierden en la vorágine de los registros públicos.

“Existe una necesidad vital de continuar con este trabajo de investigación”, concluyeron Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, cosecretarias generales de ILGA Mundo. “Necesitamos arrojar luz sobre cómo las leyes criminalizantes afectan a millones de personas, y dar voz a esas masas doloridas que han sido silenciadas por los prejuicios y por quienes detentan el poder”.