¿Por qué Estados Unidos cuestiona los derechos civiles de una persona transexual?

Aimee Stephens tiene 58 años y se ha convertido en la protagonista del primer juicio por los derechos civiles de una persona transexual en Estados Unidos.

En un país donde, desde que Trump llegó al poder, se restringen cada vez más los derechos y protecciones de las personas LGTBIQ, Aimee lucha porque el Tribunal Supremo reconozca la discriminación sufrida al ser despedida de la funeraria donde había estado trabajando durante 6 años como directora al comunicar a su jefe que era transgénero.

La Ley de Derechos Civiles, una ley histórica aprobada en 1964, prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, religión o nacionalidad, pero no dice nada específicamente sobre la orientación sexual ni la identidad de género.

Jay Kaplan, abogado del Proyecto LGBT de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) de Michigan, que lidera la defensa de Stephens indica que, en el fondo, el caso de Stephens es muy simple y debería servir para que la comunidad trans quedara más protegida en el futuro. El Título VII de la Ley de Derechos Civiles impide que las personas sean discriminadas por razones de sexo. Y esa definición debe incluir la orientación e identidad sexual, argumenta. “La definición de ser transgénero es alguien que se identifica de manera diferente al sexo que se le asignó al nacer. Si la motivación para despedir a alguien es porque es transgénero, es por razones de sexo. Es discriminación sexual. Queda contemplado por la ley”

El juicio está a al espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto de este caso, justo a vísperas de que Trump haga declaraciones sobre si seguirá recortando derechos del colectivo más allá de los que ya ha llevado a cabo: ha terminado con unas directrices federales que servían de guía para que las escuelas públicas supieran cómo proteger a los estudiantes transgénero y también ha dado pasos para volver a prohibir que las personas trans puedan alistarse en el ejército o ha permitido que los contratistas federales puedan discriminar a las personas LGTBIQ por motivos religiosos y ha terminado con las protecciones contra la discriminación de las personas transgénero en la atención sanitaria y en la cobertura de seguros.