¿Qué problemas tiene Manuela Carmena con las fiestas del Orgullo Madrid y con las entidades organizadoras?

Esta es la pregunta del millón. Al preocupante hecho de que a tan sólo 22 días del inicio de la Fiestas del Orgullo Madrid aún no se haya publicado oficialmente la programación oficial en la página web, se suma la multa de 12.400 euros por exceso de decibelios producidos en el escenario de final de la Manifestación del Orgullo LGTB 2015 en la plaza de Colón, por incumplimiento de la Ordenanza de Ruido del Ayuntamiento de Madrid vigente desde el año 2011 que ha desatado, y con razón, la indignación de las dos entidades organizadoras, COGAM y FELGTB. Ahora, según publica Paloma Esteban en El Confidencial: Una sentencia firme del año 2015 sostiene que la celebración del pregón del Orgullo en la plaza de Chueca, pistoletazo tradicional para el arranque de la fiesta, es ilegal.

De momento, se mantiene el mítico pregón en la plaza de Chueca previsto para el 29 de junio convocado por AEGAL pero el ambiente entre organizadores y autoridades municipales está bastante tenso. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 confirma la ilegalidad de celebrar el pregón en esa ubicación por “no ser conforme a derecho”, según adelante El Confidencial.

Son la propia Asociación de Vecinos del barrio de Chueca los que han denunciado al MADO por superar los límites sonoros establecidos en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) de 25 de febrero de 2011, y solitaban anular la autorización para celebrar el pregón en la emblemática plaza del barrio madrileño. ¿Habrá que cambiar de ubicación?. Porque de ser así ya no sería lo mismo.

De momento, sabemos que COGAM y la FELGTB pidieron al consistorio que garantice que la manifestación estatal del Orgullo Gay de este año, prevista para el 2 de julio, se pueda celebrar. Las delegadas de Medio Ambiente y Derechos sociales, Inés Sabanés y Marta Higueras, respectivamente, confirmaron ayer por la tarde la voluntad del Gobierno municipal de dotar al Orgullo Gay de un estatus de especial relevancia cultural, y prometieron hacer lo posible por “flexibilizar la ordenanza”.

Y es que la historia del Orgullo Madrid en los últimos años ha estado plagado de obstáculos. En 2014, la entonces alcaldesa, Ana Botella y la delegada del Gobierno de la Comunidad, Cristina Cifuentes, eliminaban del recorrido de la Manifestación el paso por la Gran Vía alegando razones de seguridad porque “era casi imposible el acceso a la zona de los servicios de urgencias y emergencias por este itinerario”. Fueron cambios de última hora que hicieron perder mucho dinero a los particulares que habían alquilado un balcón en esta ubicación.

En 2013, se triplicó la cuantía de las sanciones por ruido al Orgullo Madrid 2013 multando a los empresarios de AEGAL que tuvo por respuesta una campaña de recogida de firmas en Change.org titulada: Ana Botella, alcaldesa de Madrid: No acabes con la fiesta del Orgullo LGTB de Madrid: ¡Retira la sanción!.  Las críticas le llovian a la alcaldesa con los slogan ‘Señora Botella sea usted más constructiva’, ‘es un gran evento cultural’, ‘ni se te ocurra acabar con esta fiesta’ o ‘la mejor fiesta, sin duda, de la capital’, los ciudadanos en Change.org mostraban su desacuerdo con la decisión municipal de multar con cerca de 160.000 euros a los empresarios que organizan el MADO por 15 infracciones en la normativa municipal de ruido.

Pero el MADO también se ve amenazado por la llamada Ley Mordaza que preveía multas de hasta 30.000 euros  por “la desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes”. Puede que no hayas salido del armario y que vayas al Orgullo a sentirte bien sin que se enteren en casa. Pero estás obligado a identificarte si te lo pide un policía. También puede que seas una persona trans con un documento de identidad que no se corresponde con tu verdadera identidad. Pues también tendrás que enseñarlo.

Por ejemplo, si a mitad de la manifestación se produjeran, por ejemplo, daños en mobiliario urbano, se podría disolver. Otro de los polémicos puntos era “Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial”. Nada de cruising ni chaperos en el Orgullo o “El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño”. Nada de vestir este Orgullo de Policía o Guardia Civil, por mucho morbo que nos dé.

“El consumo o la tenencia ilícita de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello”. Este punto tampoco nos afectaría, porque todo el mundo sabe que en el Orgullo nadie se mete. Y así podíamos seguir.

La pregunta es obvia: Da igual el color político que gobierne en Madrid, ¿realmente existe un interés por cargarse un evento que deja más de 110 millones de euros para la ciudad de Madrid, con un impacto más que positivo sobre la actividad comercial y hotelera y de creación de cientos de puestos de trabajo como de imagen de la ciudad por los millones de visitantes que recibe?.