Un informe denuncia que los presos con VIH carecen de asistencia en cárceles de Louisiana

Louisiana no presta servicios básicos para tratar el VIH a miles de internos de cárceles de distrito, y pone así en peligro la salud de esas personas y de las comunidades en las cuales estas se reinsertan después de haber cumplido sus condenas, según denuncia la ONG Human Rights Watch en un informe. De esta manera, la organización alerta de que la escasez de pruebas y las interrupciones en el tratamiento ponen en peligro la vida de los detenidos.

El informe de 70 páginas, titulado “Paying the Price: Failure to Deliver HIV Services in Louisiana Parish Jails” (Pagar el precio: Ausencia de servicios de VIH en cárceles de distrito de Louisiana), documenta la situación del VIH en las cárceles, donde las pruebas, el tratamiento y las derivaciones a la atención médica son inadecuados, asistemáticos y, en muchos casos, directamente inexistentes. De las 104 cárceles de distrito del estado, solamente pocas ofrecen pruebas de VIH a todos los internos al ingresar en la institución, pese a la recomendación en este sentido del  Centro para el Control de Enfermedades (Center for Disease Control) del gobierno de Estados Unidos. En muchas cárceles, el tratamiento contra el VIH se demora, se interrumpe o directamente no se proporciona, y la continuidad de la atención médica se ve obstaculizada al no vincular a presos que tienen un diagnóstico de VIH con servicios de atención médica disponibles en la comunidad una vez que salen del establecimiento penitenciario. El informe se publicó en ocasión del Día de la Conciencia Legislativa de Louisiana AIDS Advocacy Network, que congregó en el Capitolio a cientos de personas que viven con VIH en distintos puntos del estado.

“Louisiana es la ‘zona cero’ de dos epidemias en Estados Unidos, dado que presenta la tasa más alta de nuevas infecciones de VIH y una tasa de personas en prisión que supera al promedio nacional”, expresó Megan McLemore, investigadora sénior sobre salud de Human Rights Watch y autora del informe. “La falta de tratamiento afecta tanto a las personas con VIH como a la comunidad en su conjunto, dado que todas las personas que ingresan a la cárcel recuperan en algún momento la libertad”.

Louisiana es la ‘zona cero’ de dos epidemias en Estados Unidos, dado que presenta la tasa más alta de nuevas infecciones de VIH y una tasa de personas en prisión que supera al promedio nacional. La falta de tratamiento afecta tanto a las personas con VIH como a la comunidad en su conjunto, dado que todas las personas que ingresan a la cárcel recuperan en algún momento la libertad.

Según, Megan McLemore, investigadora sénior sobre salud de Human Rights Watch: “Muchas de las personas que presentan el mayor riesgo de VIH —como aquellas que consumen drogas, trabajadores sexuales, personas LGBT, personas de bajos ingresos, y miembros de las comunidades afroamericana y latina— tienen una representación desproporcionadamente elevada en cárceles y prisiones. Conforme han señalado trabajadores sociales a Human Rights Watch, todos los días realizan búsquedas en los sitios web de las cárceles para encontrar a aquellos clientes que no saben dónde se encuentran”.

Human Rights Watch entrevistó a más de 100 personas, incluidas algunas que recientemente habían salido de cárceles de distrito, personal médico en estos establecimientos, proveedores de servicios para la atención del VIH, funcionarios del departamento de salud, alguaciles y funcionarios penitenciarios estatales, como así también defensores de oficio, fiscales y jueces.

Human Rights Watch determinó que, en Louisiana, una de cada siete personas con VIH no está al tanto de su condición y que, pese a ello, la mayoría de las cárceles distritales del estado no ofrecen pruebas de VIH a las personas detenidas. Varios funcionarios de instituciones carcelarias señalaron que no llevan a cabo pruebas de VIH como parte del procedimiento de rutina, porque no pueden costear los tratamientos a quienes obtienen resultados positivos.

“Louisiana gasta miles de millones de dólares en sus cárceles, pero no ha logrado conseguir el dinero necesario para realizar pruebas de VIH y tratar esta condición en los centros penitenciarios locales”, manifestó McLemore. “Esto no resulta aceptable desde una perspectiva de salud pública ni de derechos humanos, y genera a largo plazo problemas médicos que terminan ocasionando gastos incluso mayores”.

Una de cada tres personas que viven con VIH en Louisiana deja de recibir atención médica después de haber comenzado el tratamiento, y la deficiente derivación a servicios una vez que las personas salen de las cárceles de distrito agrava este problema. El cumplimiento riguroso del tratamiento farmacológico y la continuidad de la atención son fundamentales para la eficacia del tratamiento del VIH, dado que permiten reducir los niveles del virus en el organismo y disminuyen las probabilidades de transmisión a otras personas. Sin embargo, la excarcelación luego de haber estado detenido en una cárcel de distrito suele ser un proceso azaroso, durante el cual, en el mejor de los casos, se entregan los medicamentos que queden disponibles y una lista con los nombres de clínicas locales que brindan tratamiento contra el VIH, y en el peor de los casos, directamente no se entrega nada a las personas que recuperan la libertad.

Las personas entrevistadas afirmaron haber estado detenidas durante días, semanas y meses sin recibir medicamentos contra el VIH, o haberlos obtenido solo de manera esporádica. “Pensé que iba a morir allí”, expresó una persona que se enfermó gravemente después de pasar 41 días en el establecimiento Orleans Parish Prison sin recibir medicamentos para el VIH.

Muchas personas que manifestaron haber sufrido interrupciones en su tratamiento mientras estuvieron en la cárcel habían sido detenidas por delitos no violentos de gravedad menor. Joyce, de 54 años, estuvo en la cárcel en tres oportunidades por hurtos en tiendas. “Me dijeron que tendría que llamar a mi madre para que me trajera los medicamentos porque, en la cárcel, no me los iban a dar”, explicó. Algunas personas relataron que amigos o familiares les acercaban los medicamentos a la cárcel, pero que nunca llegaban a recibirlos.

Human Rights Watch pudo comprobar que el Departamento de Servicios Correccionales (Department of Corrections, DOC) del estado opera un sistema de dos niveles, que no se ocupa de brindar servicios relacionados con el VIH a los casi 18.000 internos del estado que están alojados en cárceles de distrito. Las nueve cárceles estatales de Louisiana brindan acceso a pruebas de VIH, tratamiento y un sólido programa financiado a nivel federal que conecta a los internos con servicios de atención médica al salir de la institución penitenciaria. Sin embargo, las personas detenidas en cárceles locales del estado no tienen acceso a estos programas. El departamento supone que las cárceles se ocupan de identificar a personas con VIH y transferirlas a centros estatales donde puedan recibir tratamiento. Sin embargo, esto no siempre ocurre, incluso cuando las personas informan su situación a los funcionarios penitenciarios. El DOC debería asegurar que los internos del estado que cumplen condenas en cárceles distritales puedan obtener servicios de VIH equivalentes a los que se ofrecen en el sistema penitenciario estatal.

Numerosos proveedores de atención y organismos que brindan apoyo relacionado con el VIH señalaron que son muy pocos los casos en los que reciben información por parte de funcionarios o personal médico de las cárceles una vez que las personas que viven con la enfermedad son encarceladas. Debido a esto, solo les queda esperar que la persona con VIH regrese para retomar el tratamiento una vez que recupera su libertad. Darren Stanley, gerente de casos de VIH en el Philadelphia Center en Shreveport, expresó al respecto: “Es prácticamente imposible comunicarse con las cárceles mientras el cliente está privado de su libertad o cuando está por salir”. Uno de sus clientes murió a causa del SIDA dos semanas después de haber sido liberado de una cárcel local.

El gobierno de Louisiana debería continuar implementando reformas en el sistema de justicia penal que promuevan alternativas al encarcelamiento. Esto reduciría la carga fiscal que soportan las cárceles para tratar condiciones crónicas y, al mismo tiempo, beneficiaría a la salud pública, señaló Human Rights Watch.

“El gobierno está obligado a brindar atención médica a personas que viven con VIH en las cárceles de distrito”, señaló McLemore. “Pero el tratamiento en la comunidad es una situación en la que todas las partes involucradas se benefician”.